3. LA SOLUCIÓN INSTITUCIONAL: LA REFORMA AGRARIA.
América Latina ha sido el laboratorio de la reforma agraria. Se han puesto en marchas reformas como la mexicana, tan dilatada en el tiempo; la boliviana y la peruana, con sus grandes contradicciones, o la cubana, una reforma socialista de mayor trascendencia. Las reformas agrarias son la respuesta de los gobiernos a las tensiones originadas por la injusta situación en la que el latifundista ejerce todo su poder sobre las pequeñas comunidades de campesinos con pocas tierras o comunidades indígenas. Por tanto, no afecta a las áreas de agricultura de plantación. En México, en 1910, el 1% de la población detentaba el 97% de la tierra, por tanto el 96% de la población poseía sólo el 1% de las tierras. Los expolios de tierras se veían amparados por las leyes de Porfirio Díaz. Según la de 1883, los colonos pueden denunciar tierras vírgenes y constituir compañías agrícolas, y tras la firma de un contrato con el estado recibir un tercio de las tierras denunciadas y opciones sobre el resto hasta el límite de las 2.500 hectáreas. Esta ley, concebida para la atracción de inmigrantes, tuvo grandes repercusiones en los campesinos. Las comunidades aldeanas no poseían títulos de propiedad, y en consecuencia se vieron obligados a declarar sus tierras de labor como vírgenes para percibir un tercio, pero al no tener dinero para comprar el resto, la ley se convirtió en el amparo de los especuladores para dejar a los indios sin tierras. La corrupción y las argucias semilegales, unidas a la ley de 1893 que acababa con el límite de las 2.500 hectáreas, propiciaron la formación de propiedades inmensas: el magnate de la prensa estadounidense, Hearst, poseía gran parte del estado de Chihuahua, y los latifundios se delimitaban por meridianos y paralelos. La insurrección contra Porfirío Díaz, es encabezada por líderes campesinos como Emiliano Zapata y Pancho Villa. En el Plan de San Luis, Madero se compromete a la restitución de las tierras despojadas. Emiliano Zapata publica en 1911, el Plan de Ayala, que marca la devolución de tierras, bosques y aguas y el derecho de los campesinos a defender sus propiedades con las armas, así como la entrega de los usurpadores a los tribunales. En 1912, se produce la primera restitución de ejidos, (propiedades comunales tradicionales, que serán la célula básica de la reforma agraria), y se ocupan muchas haciendas. La respuesta violenta de los latifundistas conduce a las míticas cabalgadas de las partidas guerrilleras. Las fuerzas que habían derrocado a Díaz eran demasiado heterogéneas, ya que Zapata y Villa quieren hacer una revolución social y Madero se conforma con una democracia liberal, por lo que la revolución toma nuevos impulsos, aunque acaba imponiéndose Carranza, títere de los Estados Unidos. En 1916, se convoca la Asamblea de Querétaro. El Artículo 27 de la Constitución establece la restitución de las tierras, la ayuda a los minifundistas y el fraccionamiento de la gran propiedad, a la que se le limita la extensión. El asesinato de los líderes revolucionarios conduce a que la reforma agraria evolucione con lentitud hasta la llegada de Lázaro Cárdenas(1934-1940), que impulsa la entrega de tierras a los campesinos y aumenta las nacionalizaciones, para eliminar la dependencia del exterior. Tras Cárdenas, la reforma agraria vuelve a ralentizarse y los dirigentes del P.R.I. (Partido Revolucionario Institucional), convierten a México en un país cada vez más dependiente del extranjero. Se inició incluso una contrarreforma agraria en el gobierno de Alemán, para declarar minifundio la propiedad que no pasaba de 100 hectáreas, “húmedas” o regadas. Se añade también una disposición a la Constitución de 1917, que permite a los gobernantes conceder grandes cantidades de tierra a particulares cuando se creyese conveniente. Todo este proceso culmina en los años noventa del siglo veinte con el alzamiento zapatista en la selva Lacandona y el Estado de Chiapas, en el que un movimiento guerrillero que se declara heredero de Zapata, pero con influencias sandinistas y castristas, se levanta contra el poder omnímodo del Partido Revolucionario Institucional, gobernante desde los años treinta y símbolo de la corrupción y del asesinato político, hasta el punto de provocar su caída en unas elecciones.
Analizaremos ahora la reforma agraria chilena, otro experimento interesante, si se analiza las circunstancias políticas y sociales en las que se actuó. A mediados del siglo veinte, el 6,9 % de las explotaciones chilenas controlaban el 81,3% de la superficie agropecuaria nacional. Había estancias ganaderas que superaban el millón de hectáreas. A la llegada al gobierno, Allende, en 1970, cuando es elegido por el Congreso y con una delicada política de alianzas, se encuentra con una situación económica crítica, con un presupuesto deficitario y una deuda exterior de más de dos mil millones de dólares. Sin embargo, uno de sus primeros objetivos era la reforma agraria, en la que actúa con gran urgencia. Todos los proyectos de ley de Allende, se enfrentan a un Congreso hostil, en el que está en minoría, con constantes llamadas al orden legal anterior, e incluso constitucional, por lo que la reforma agraria se desarrolla cuidadosamente, aplicando criterios de baja rentabilidad de los minifundios de asentamiento previstos por Frei en 1965. Establecen la concentración de parcelas y organizan un servicio de maquinaria, para tipos de explotación semicolectiva. Al mismo tiempo, rebajan las 80 hectáreas de regadío que había establecido Frei como latifundio y a partir de 1971 se crean centros de reforma agraria y de trabajo colectivo, sin perder de vista los márgenes marcados por la Ley Frei. El ministro de agricultura, Jacques Chonchol, habla de asignar, después de un período transitorio la tierra a los campesinos, generalmente, en sistema de propiedad cooperativa de los terrenos de producción, mientras que la casa y el huerto serían de propiedad familiar y los centros de demostración quedarían en manos del Estado. Se intentó consolidar la dimensión familiar de la propiedad agraria, potenciar la vertiente colectiva y el Estado se encargaría de la promoción en los centros piloto, sin que ello signifique la propiedad estatal de la tierra. A finales de 1972, el 50% de las tierras cultivables habían sido redistribuidas y los grandes propietarios han perdido su posición hegemónica, pero el golpe de estado de Pinochet lleva aparejada una contrarreforma apoyada por la represión y el terrorismo de estado, en la que se devuelve a los antiguos propietarios la mayoría de las tierras expropiadas desde 1965.
La reforma agraria cubana se entiende dentro del triunfo de una revolución de corte socialista, que no sólo quería cambiar a los campesinos, sino a toda la sociedad. Como en sus antecedentes históricos más similares, la Revolución Soviética de 1917, y la fundación de la República Popular China en 1949, la reforma agraria define, por su importancia, la orientación del proceso revolucionario. La primera iniciativa, de mayo de 1959, es de corte reformista, con límites altos para fijar el umbral de la expropiación (400 Ha), a cambio de una indemnización a los antiguos propietarios. La tierra se distribuiría en lotes individuales a los campesinos sin tierra. A pesar de todo ello, las compañías azucareras estadounidenses no están de acuerdo, y la prensa yanqui acusa al gobierno cubano de amenazar los intereses económicos de los Estados Unidos, paralelamente a que se organizan en Florida las primeras tentativas de invasión y el entrenamiento de exiliados anticastristas. En 1960, Eisenhower ordena reducir la cuota azucarera y en agosto se remodela la reforma agraria. Mientras que René Dumont, ingeniero agrónomo francés de corte marxista conocido por sus trabajos en pro de la agricultura del Tercer Mundo, en especial de África, estimaba que el modelo más adecuado a Cuba era el de las cooperativas chinas, Che Guevara rechazaba esto y combinó la parcela familiar y la granja estatal, promovida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Dumont critica esta opción, ya que le parece excesiva la intervención del estado, que implica mayor burocracia, subida de salarios agrarios pero no de producción y un gasto inútil de divisas. En 1963 se vota una ley de reforma agraria que prevé la nacionalización de todas las propiedades de más de 67 hectáreas, la creación de granjas estatales similares a los sovjoses (granjas estatales soviéticas), que llegan a ocupar el 70% de la superficie y se fijan criterios de producción dentro de los planes quinquenales, como 10 millones de toneladas de azúcar para la zafra de 1970.
América Latina ha sido el laboratorio de la reforma agraria. Se han puesto en marchas reformas como la mexicana, tan dilatada en el tiempo; la boliviana y la peruana, con sus grandes contradicciones, o la cubana, una reforma socialista de mayor trascendencia. Las reformas agrarias son la respuesta de los gobiernos a las tensiones originadas por la injusta situación en la que el latifundista ejerce todo su poder sobre las pequeñas comunidades de campesinos con pocas tierras o comunidades indígenas. Por tanto, no afecta a las áreas de agricultura de plantación. En México, en 1910, el 1% de la población detentaba el 97% de la tierra, por tanto el 96% de la población poseía sólo el 1% de las tierras. Los expolios de tierras se veían amparados por las leyes de Porfirio Díaz. Según la de 1883, los colonos pueden denunciar tierras vírgenes y constituir compañías agrícolas, y tras la firma de un contrato con el estado recibir un tercio de las tierras denunciadas y opciones sobre el resto hasta el límite de las 2.500 hectáreas. Esta ley, concebida para la atracción de inmigrantes, tuvo grandes repercusiones en los campesinos. Las comunidades aldeanas no poseían títulos de propiedad, y en consecuencia se vieron obligados a declarar sus tierras de labor como vírgenes para percibir un tercio, pero al no tener dinero para comprar el resto, la ley se convirtió en el amparo de los especuladores para dejar a los indios sin tierras. La corrupción y las argucias semilegales, unidas a la ley de 1893 que acababa con el límite de las 2.500 hectáreas, propiciaron la formación de propiedades inmensas: el magnate de la prensa estadounidense, Hearst, poseía gran parte del estado de Chihuahua, y los latifundios se delimitaban por meridianos y paralelos. La insurrección contra Porfirío Díaz, es encabezada por líderes campesinos como Emiliano Zapata y Pancho Villa. En el Plan de San Luis, Madero se compromete a la restitución de las tierras despojadas. Emiliano Zapata publica en 1911, el Plan de Ayala, que marca la devolución de tierras, bosques y aguas y el derecho de los campesinos a defender sus propiedades con las armas, así como la entrega de los usurpadores a los tribunales. En 1912, se produce la primera restitución de ejidos, (propiedades comunales tradicionales, que serán la célula básica de la reforma agraria), y se ocupan muchas haciendas. La respuesta violenta de los latifundistas conduce a las míticas cabalgadas de las partidas guerrilleras. Las fuerzas que habían derrocado a Díaz eran demasiado heterogéneas, ya que Zapata y Villa quieren hacer una revolución social y Madero se conforma con una democracia liberal, por lo que la revolución toma nuevos impulsos, aunque acaba imponiéndose Carranza, títere de los Estados Unidos. En 1916, se convoca la Asamblea de Querétaro. El Artículo 27 de la Constitución establece la restitución de las tierras, la ayuda a los minifundistas y el fraccionamiento de la gran propiedad, a la que se le limita la extensión. El asesinato de los líderes revolucionarios conduce a que la reforma agraria evolucione con lentitud hasta la llegada de Lázaro Cárdenas(1934-1940), que impulsa la entrega de tierras a los campesinos y aumenta las nacionalizaciones, para eliminar la dependencia del exterior. Tras Cárdenas, la reforma agraria vuelve a ralentizarse y los dirigentes del P.R.I. (Partido Revolucionario Institucional), convierten a México en un país cada vez más dependiente del extranjero. Se inició incluso una contrarreforma agraria en el gobierno de Alemán, para declarar minifundio la propiedad que no pasaba de 100 hectáreas, “húmedas” o regadas. Se añade también una disposición a la Constitución de 1917, que permite a los gobernantes conceder grandes cantidades de tierra a particulares cuando se creyese conveniente. Todo este proceso culmina en los años noventa del siglo veinte con el alzamiento zapatista en la selva Lacandona y el Estado de Chiapas, en el que un movimiento guerrillero que se declara heredero de Zapata, pero con influencias sandinistas y castristas, se levanta contra el poder omnímodo del Partido Revolucionario Institucional, gobernante desde los años treinta y símbolo de la corrupción y del asesinato político, hasta el punto de provocar su caída en unas elecciones.
Analizaremos ahora la reforma agraria chilena, otro experimento interesante, si se analiza las circunstancias políticas y sociales en las que se actuó. A mediados del siglo veinte, el 6,9 % de las explotaciones chilenas controlaban el 81,3% de la superficie agropecuaria nacional. Había estancias ganaderas que superaban el millón de hectáreas. A la llegada al gobierno, Allende, en 1970, cuando es elegido por el Congreso y con una delicada política de alianzas, se encuentra con una situación económica crítica, con un presupuesto deficitario y una deuda exterior de más de dos mil millones de dólares. Sin embargo, uno de sus primeros objetivos era la reforma agraria, en la que actúa con gran urgencia. Todos los proyectos de ley de Allende, se enfrentan a un Congreso hostil, en el que está en minoría, con constantes llamadas al orden legal anterior, e incluso constitucional, por lo que la reforma agraria se desarrolla cuidadosamente, aplicando criterios de baja rentabilidad de los minifundios de asentamiento previstos por Frei en 1965. Establecen la concentración de parcelas y organizan un servicio de maquinaria, para tipos de explotación semicolectiva. Al mismo tiempo, rebajan las 80 hectáreas de regadío que había establecido Frei como latifundio y a partir de 1971 se crean centros de reforma agraria y de trabajo colectivo, sin perder de vista los márgenes marcados por la Ley Frei. El ministro de agricultura, Jacques Chonchol, habla de asignar, después de un período transitorio la tierra a los campesinos, generalmente, en sistema de propiedad cooperativa de los terrenos de producción, mientras que la casa y el huerto serían de propiedad familiar y los centros de demostración quedarían en manos del Estado. Se intentó consolidar la dimensión familiar de la propiedad agraria, potenciar la vertiente colectiva y el Estado se encargaría de la promoción en los centros piloto, sin que ello signifique la propiedad estatal de la tierra. A finales de 1972, el 50% de las tierras cultivables habían sido redistribuidas y los grandes propietarios han perdido su posición hegemónica, pero el golpe de estado de Pinochet lleva aparejada una contrarreforma apoyada por la represión y el terrorismo de estado, en la que se devuelve a los antiguos propietarios la mayoría de las tierras expropiadas desde 1965.
La reforma agraria cubana se entiende dentro del triunfo de una revolución de corte socialista, que no sólo quería cambiar a los campesinos, sino a toda la sociedad. Como en sus antecedentes históricos más similares, la Revolución Soviética de 1917, y la fundación de la República Popular China en 1949, la reforma agraria define, por su importancia, la orientación del proceso revolucionario. La primera iniciativa, de mayo de 1959, es de corte reformista, con límites altos para fijar el umbral de la expropiación (400 Ha), a cambio de una indemnización a los antiguos propietarios. La tierra se distribuiría en lotes individuales a los campesinos sin tierra. A pesar de todo ello, las compañías azucareras estadounidenses no están de acuerdo, y la prensa yanqui acusa al gobierno cubano de amenazar los intereses económicos de los Estados Unidos, paralelamente a que se organizan en Florida las primeras tentativas de invasión y el entrenamiento de exiliados anticastristas. En 1960, Eisenhower ordena reducir la cuota azucarera y en agosto se remodela la reforma agraria. Mientras que René Dumont, ingeniero agrónomo francés de corte marxista conocido por sus trabajos en pro de la agricultura del Tercer Mundo, en especial de África, estimaba que el modelo más adecuado a Cuba era el de las cooperativas chinas, Che Guevara rechazaba esto y combinó la parcela familiar y la granja estatal, promovida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Dumont critica esta opción, ya que le parece excesiva la intervención del estado, que implica mayor burocracia, subida de salarios agrarios pero no de producción y un gasto inútil de divisas. En 1963 se vota una ley de reforma agraria que prevé la nacionalización de todas las propiedades de más de 67 hectáreas, la creación de granjas estatales similares a los sovjoses (granjas estatales soviéticas), que llegan a ocupar el 70% de la superficie y se fijan criterios de producción dentro de los planes quinquenales, como 10 millones de toneladas de azúcar para la zafra de 1970.
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